Incongruencias legislativas, ¿cuatro tipos de contrato?

28/10/2019

La ausencia de verdaderos pactos sociales a la hora de legislar en materia laboral, ha derivado en una serie de incongruencias legislativas durante la última década, teniendo como póstumo la Reforma Laboral del 2012. En este artículo, quiero poner como ejemplo, que con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores, se nos "vendió" la simplificación de las modalidades contractuales a un número de cuatro, pasando de un modelo de contrato de dos hojas -qué tiempos aquellos- al actual de cinco.

 

Nuestros legisladores, y más en estas fechas de próximas elecciones (otras), claman medidas para fomentar el autoempleo, ayudar a los emprendedores con bonificaciones, deducciones fiscales, subvenciones,... Lo que consiguieron (y consiguen) fue confundir a las ciudadanos con la famosa “tarifa plana” para a aquellos emprendedores que iniciaban una actividad, para luego resolver por parte de las diferentes direcciones provinciales de la TGSS con la no aplicación de las bonificaciones; al no considerar ciertas figuras de trabajador autónomo como emprendedores, todo ello, debido a la ausencia en el texto normativo de una figura concreta de trabajador autónomo. Es el caso de los autónomos societarios, a los que el legislador no los menciona de manera expresa, aunque la Jurisdicción Social ha empezado a razonar esta incongruencia legislativa afecta al autónomo societario, como así hemos podido probar en una reciente Sentencia del Despacho donde trabajo desde el año 2012, RBH Global.

 

Hasta estas recientes Sentencias ¿cómo explicábamos los graduados sociales, abogados, profesionales del sector esta mala praxis legislativa? Ni tan siquiera se lo explicaban los propios trabajadores de la Administración (ahora te bonifico ahora no). A ello, se unió la falta de información sobre el alta en cuanto a la aplicación de las bonificaciones e inclusión del "tipo" de autónomos, al dejar de detallarse en la resolución que se entregaba en el momento de tramitar el alta (actualmente se obtiene mediante sistema red o sede electrónica), diciéndonos que "ya se verá cuando se cargue en cuenta la cuota de autónomos".

 

Tuve un caso de una autónoma, mujer de 23 años, que la llegaron aplicar dos bonificaciones a la vez: autónomo colaborador y tarifa plana. Cotizó poca más de un euro durante varios meses. Me personé en la administración correspondiente de la TGSS y les pregunté si era correcto, tenía dudas, siendo además una autónoma colaboradora que realmente no iniciaba la actividad si no que se incorporaba a "colaborar" a la ya iniciada haces ya años por un familiar. De buenas a primeras pasados 6 meses, la cargaron la diferencia al considerar que sólo se aplicaba una de las dos, sin avisar. Menos mal que la puse en alerta y que en ese momento tenía dinero en su cuenta corriente de joven autónoma y por lo menos no generó deuda. Que esa es otra. La aplicaron la de autónomo colaborador y no la tarifa plana al ser colaboradora de un familiar, el cual mantuvo la actividad un par de años más para poder tener una pequeña jubilación de autónomo cotizando toda la vida.

Volviendo al tema que nos ocupa, las cuatro modalidades de contratos que nos “vendió” el Gobierno de aquel entonces, con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores, estableciendo que entre las medidas que introduce el texto legislativo:

 

“…cabe destacar que, con la finalidad de reducir cargas administrativas, se procede a una simplificación administrativa de los contratos de trabajo a través de una muy importante reducción del número de modelos de contratos actualmente existentes. Además, se va a llevar a cabo una reordenación normativa de los incentivos a la contratación en relación con la cotización a la Seguridad Social, reuniendo en un solo texto las bonificaciones y reducciones actualmente dispersas. Ambas actuaciones contribuirán a clarificar estas cuestiones y a dar mayor seguridad jurídica, fundamentalmente para las PYMES”.

 

¡Qué bonita era la moto, y qué precio tan barato! Grandes comerciales nuestros legisladores, sin desfavorecer la profesionalidad de los que de verdad lo son y cada vez tienen más trabas para sacar adelante su negocio, por la falta de coherencia legislativa que venimos arrastrando desde la Reforma Laboral del 2012.

Durante estos años y actualmente, el Gobierno, no ha contado apenas con los Agentes Sociales para legislar a través de los tan anhelados Pactos Sociales (Concertación Social) por nuestra joven democracia, que desde principios de los 80 han guiado el marco legal al respecto. La Concentración Social, cuestión que me entusiasmó en mis años de Universidad, tuvo su origen conceptual gracias a la obra de Jean-Jacques Rousseau. (El Contrato Social. 1762), dejándonos una de sus frases célebres: «El hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado», aunque otra de ellas, contenida en su Emilio, o De La Educación dice: «El hombre es bueno por naturaleza», se presume que el entorno, la educación, el poder,… cambia la naturaleza del mismo.

Ahora, estamos unos años más avanzados de Rosseau y del inicio de la democracia en España, pero la vuelta hacia atrás está siendo evidente a lo que en legislar sin los agentes sociales me refiero. Quiero recordar cual han sido los Pactos Sociales en España desde los años 80, siguiendo un orden cronológico los cuatro grandes acuerdos interprofesionales celebrados entre 1980 y 1984 fueron los siguientes:

 

1.- Acuerdo marco interconfederal de 1980 entre sindicatos y asociaciones empresariales.

2.- Acuerdo nacional sobre el empleo de 1981 entre sindicatos, asociaciones empresariales y gobierno.

3.- Acuerdo interconfederal de 1983 entre sindicatos y asociaciones empresariales.

4.- Acuerdo económico y social de 1984 entre sindicatos, asociaciones empresariales y gobierno.

La concertación social desarrollada en la primera mitad de los años 80 para apuntalar el naciente sistema democrático y frente a la crisis económica, se sirvió del acuerdo nacional de empleo (ANE) y del acuerdo económico y social (AES), como instrumentos convencionales colectivos sobre política de rentas y salarios celebrados al máximo nivel con eficacia territorial-nacional y con presencia del gobierno.

Tras diversos intentos fracasados se inició en 1990 un nuevo método de diálogo social caracterizado por desenvolverse de forma bipartita entre el gobierno y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas por separado. Con motivo de oponerse los sindicatos a la negociación tripartita con los empresarios. Esta nueva concertación produjo hasta ocho acuerdos concretos entre gobierno y sindicatos sobre las siguientes materias:

 

-      Pensiones no contributivas, protección familiar.

-      Mejora de las pensiones contributivas.

-      Garantía de su poder adquisitivo, compensación de la deuda de los empleados públicos por pérdida de poder adquisitivos a causa de la inflación.

-      Control sindical de los contratos,.

-      Negociación colectiva de los funcionarios públicos.

-      Extensión del subsidio agrario de trabajadores eventuales y formación profesional.

 

La recuperación del anterior modelo de concertación se intento sin éxito a través de las propuestas gubernamentales de pactos tripartitos sobre competitividad 1990, pacto social y progreso de 1991 y sobre política de rentas y empleo de 1993.

En materia de formación profesional, la concertación social tripartita alcanzó un acuerdo sobre formación continua de trabajadores ocupados en fecha de 17 de diciembre de 1992 con el fin de cumplimentar en el orden financiero los compromisos establecidos en el Acuerdo nacional de forma continua celebrado en esa misma fecha entre sindicatos y asociaciones empresariales más representativas.

En nuevo ciclo de diálogo y concertación social iniciado con el ASEC y continuado a lo largo de 1996, basado en el apoyo y fortalecimiento de la negociación bipartita e ínter confederal y por tanto de la autonomía colectiva, dio lugar a una serie de acuerdos celebrados en su mayoría entre el gobierno y las organizaciones empresariales y sindicatos más representativas de ámbito estatal. Acuerdos relativos a:

 

-      Financiación del ASEC, acuerdo tripartito 1996.

-      Acuerdo tripartito 1996 sobre prevención de riesgos laborales.

-      Acuerdo de 1996 sobre la consolidación y racionalización del sistema de la seguridad social.

-      Acuerdo para el empleo y la protección social agraria de 1996.

-      Acuerdos sobre política de inversiones y empleo agrario de 1996.

-      Acuerdo de bases sobre la política de formación profesional 1996.

-      Acuerdo de 1996 tripartito, sobre la formación continua dirigido a financiar el Acuerdo nacional de formación continua II.

-      1997, se suscribió por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de ámbito estatal el Acuerdo interconfederal sobre negociación colectiva y el acuerdo interprofesional sobre cobertura de vacíos.

-      1997, Acuerdo interconfederal para la estabilidad del empleo. Dirigido por el gobierno y asumido por este previo compromiso de aceptar y dar trámite a las propuestas pactadas en la reforma de legislación sobre el mercado de trabajo.

 

La reforma del 97 fue consensuada o pactada al igual que la reforma de la regulación de contratos a tiempo parcial. La reforma del art. 92.2 ET y la reforma de la Ley de la ETT cuyo origen pactado se encuentra en el acuerdo interconfederal par la estabilidad del empleo.

Con lo expuesto, se quiere poner de manifiesto la necesidad de pactos sociales para poder remontar la situación económica que vivimos hace años y que presumiblemente vamos a vivir, estamos en desaceleración, dicen los telediarios; la cual, no deriva a mi más humilde entender del último Gobierno y este, no sea el único que haya mordido la manzana, si no que han pecado todos los gobiernos que han precedido al actual -unos más que otros- sobre todo en la “década prodigiosa del ladrillo” (1998-2008), coincidiendo estos años con la ausencia de Pactos Sociales, salvo el guiño a La Concertación Social del año 2011.

Con el anuncio de la Ministra de Empleo, de aquel diciembre de 2013, sobre una reducción de los modelos de contratos, pasando de 42 contratos a tan sólo 4 para mejorar de esta manera la contratación estable y la empleabilidad de los trabajadores, se puso de manifiesto la necesidad de legislar entre todos y para todos ¿Cómo? A través de la Concertación Social, porque lo que realmente hizo aquel Gobierno y arrastran los posteriores hasta la actualidad, fue agrupar todos los contratos en cuatro modalidades de contratación (Indefinido, Temporal, Formación y Prácticas), incluyendo cada una de estas modalidades varios tipos de contrato. Siendo estos los siguientes:

 

A.- La modalidad “Contrato Indefinido” incluye:

1. Indefinido ordinario.

2. De personas con discapacidad.

3. De personas con discapacidad en centros especiales de empleo.

4. De personas con discapacidad procedentes de enclaves laborales.

5. De apoyo a los emprendedores.

6. De un joven por microempresas y empresarios autónomos.

7. De nuevo proyecto de emprendimiento joven

8. A tiempo parcial con vinculación formativa

9. De trabajadores en situación de exclusión social, víctimas de violencia de género, doméstica o víctimas de terrorismo.

10. De excluidos en empresas de inserción

11. De mayores de 52 años beneficiarios de subsidios por desempleo

12. Procedente de primer empleo joven de ETT

13. Procedente de un contrato para la formación y el aprendizaje de ETT

14. Procedente de un contrato en prácticas de ETT

15. Del Servicio del Hogar Familiar.

16. Otras situaciones (contrato en grupo, alta dirección…)

17. Conversión de contrato temporal en contrato indefinido.

 

B.- Dentro de la modalidad “Contrato Temporal” nos encontramos los siguientes contratos:

18. Obra o Servicio Determinado.

19. Eventual por Circunstancias de la Producción.

20. Interinidad.

21. Primer Empleo Joven.

22. De trabajadores en situación de exclusión social, víctimas de violencia de género, doméstica o víctima de terrorismo.

23. De trabajadores en situación de exclusión social por empresa de inserción.

24. De trabajadores mayores de 52 años beneficiarios de los subsidios por desempleo.

25. Situación de jubilación parcial.

26. Relevo.

27. A tiempo parcial con vinculación formativa

28. De trabajos de interés social/fomento de empleo agrario

29. De trabajadores del servicio del hogar familiar

30. De personas con discapacidad

31. De personas con discapacidad en centros especiales de empleo.

32. De investigadores

33. De trabajadores/as penados en instituciones penitenciarias

34. De menores y jóvenes en centros de menores (sometidos a medidas de internamientos previstas en la Ley Orgánica 5/2000 de 21 de enero)

35. Otras situaciones (contrato en grupo, alta dirección…)

 

C.- La modalidad “Formación” incluye:

36. Formación y aprendizaje

37. De trabajadores en situación de exclusión social, víctimas de violencia de género, doméstica o víctima de terrorismo.

38. De personas con discapacidad en centros especiales de empleo

39. De trabajadores de interés social/fomento de empleo agrario

 

D.- Dentro de la modalidad “Prácticas” podemos encontrar:

40. Prácticas (ordinario)

41. De trabajadores en situación de exclusión social, víctimas de violencia de género, doméstica o víctima de terrorismo.

42. De trabajadores mayores de 52 años beneficiarios de los subsidios por desempleo.

43. De personas con discapacidad en centros especiales de empleo.

44. De trabajos de interés social/fomento de empleo agrario.

 

Lo que en un principio podría parecer una reducción de los tipos de contratos, lo cual quizá sí hubiera favorecido la contratación, fue simplemente una mera reagrupación de los existentes. Viendo el número total que se presentan en este artículo, realmente 44 modelos de contratos, es evidente que no fue cierto que el Gobierno redujo a cuatro el número de contratos.

Por aquel entonces y durante unos años, el SEPE en su página Web nos presentaba un asistente para elegir el contrato "idóneo" en tan solo 5 pasos (estoy siendo irónico por si no se nota). En la actualidad he estado buscando dicho asistente, incluso tenía guardados los enlaces web para incorporarlos a este articulo. Aun si, preciso exponerlos para plasmar la realidad del entramado de contratos que tiene nuestro sistema laboral. el asistente te iba abriendo ventanas con los diferentes tipos de contrato, siendo los mismos que en la actualidad.

 

Con el asistente tiamos las siguientes ventanas y opciones, no entiendo porque lo han eliminado, me parecía una herramienta que ayudaba a comprender a los empresarios y trabajadores el lío de hojas y cláusulas que nos presenta el actual modelo de contrato.

Si elegíamos contrato indefinido, aparecían 21 hojas en el documento descargado, actualmente 18. Si el contrato que necesitábamos era temporal, obteníamos 22 hojas (en la actualidad 20). 11 hojas si el contrato es formativo (14 actualmente), 9 si el contrato es en prácticas (10 en la actualidad).

Con el asistente los pasos que nos proponía el SEPE en su página Web eran los siguientes:

 

Paso 1: Empleador ¿Qué tipo de empleador soy?

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Paso 2: Empleado ¿Qué perfil deseo contratar?

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Paso 3: Jornada ¿Qué jornada necesito? Paso 4: Contrato ¿Qué tipo de contrato quiero?

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Paso 5: Resultados. Cláusulas específicas.

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Finalmente y, resumiendo mucho las opciones que había que elegir para llegar a la siguiente pantalla, el contrato obtenido (Descarga) tenía las 5 hojas actuales de los contratos. Incoherente y absurdo, tanto el número de hojas como el número de modelos de contratos que realmente hay, con la medida que se introdujo en el Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, teniendo los modelos de contratos anteriores a esta medida solamente 2 hojas, a las cuales se podían añadir las cláusulas adicionales oportunas.

 

Estos pasos que podían parecer sencillos, pero que sin conocimientos en materia de contratación se hacían complicados, daban una referencia para poder saber la modalidad contractual que podría ser válida para la relación laboral a iniciar.

 

Volviendo a la tan necesaria y respetable profesión de comercial, obtenemos un producto similar al anterior, con diferente envoltorio y a un precio más caro, ¿por qué? porque estamos gastando todos más en papel, así de sencillo pero tan necesario.

 

Creo que va siendo hora de legislar a través de la concertación social, proponer medidas que creen empleo estable y de calidad, impulsando la economía. Una economía sostenible. Medidas que no sean siempre las mismas, en cuanto a alargar la vida laboral para que nuestro sistema de pensiones no caiga en picado aún más. Nadie se ha puesto a pensar que quizás lo que necesitamos es incorporarnos antes al mercado laboral o mejor dicho empezar antes a cotizar. Instaurar la formación dual en todos los ámbitos formativos, no sólo en la formación profesional, también en el universitario. Implantar el modelo del MIR en todas las ramas formativas superiores. Cotizar por todas las becas laborales, externas, internas, curriculares, no curriculares,...sean o no retribuidas.